La República Dominicana se encuentra en una encrucijada geopolítica de proporciones históricas. La reciente autorización para operaciones militares estadounidenses en aeropuertos locales, bajo el pretexto de combate al narcotráfico, ha desatado un intenso debate sobre los límites de la cooperación internacional y la preservación de la soberanía nacional.
Este movimiento se enmarca en una serie de decisiones que incluyen el apoyo al veto contra Venezuela, Cuba y Honduras en la Cumbre de las Américas, así como la incautación de un avión presidencial venezolano en suelo dominicano.
Analistas políticos señalan una preocupante divergencia entre el discurso multilateral del gobierno de Luis Abinader y sus acciones concretas, que parecen alinearse cada vez más con los intereses estratégicos de Washington.
El caso ecuatoriano, donde el presidente Noboa enfrentó un rotundo rechazo popular a instalar bases militares estadounidenses, sirve como advertencia sobre los riesgos de tomar decisiones estratégicas sin consenso nacional. Expertos en derecho constitucional subrayan que este tipo de acuerdos militares requieren aprobación congresual según los artículos 3, 93 y 128 de la Constitución dominicana.
La falta de transparencia en estos procesos no solo debilita el sistema democrático, sino que podría convertir al país en pieza de ajedrez en conflictos regionales donde tiene poco que ganar y mucho que perder.
En un mundo cada vez más polarizado, las naciones pequeñas enfrentan el desafío de navegar con cautela entre las grandes potencias, preservando su autonomía decisional y sus intereses nacionales.
Artículo original publicado en Hoy Digital por Angely Moreno