Los 11,961 embarazos adolescentes registrados en República Dominicana durante 2025, según datos oficiales de la ONE, exponen una problemática estructural que trasciende lo estadístico. Si bien se observa una tendencia descendente —resultado de políticas preventivas—, la cifra sigue siendo inadmisible para una sociedad que aspira a proteger a su infancia.
Particularmente grave resulta que 609 de estos casos correspondan a niñas menores de 15 años, situación que configura claros delitos de abuso según el marco jurídico dominicano. Las provincias fronterizas presentan tasas superiores al 23% del total, evidenciando correlaciones entre pobreza, falta de educación sexual y vulnerabilidad de género.
Expertos consultados coinciden: cada caso debería activar protocolos de protección integral, no solo sanitarios, sino legales y psicosociales. Sin embargo, la impunidad sigue siendo la norma, perpetuando ciclos de desigualdad donde la maternidad temprana condiciona el desarrollo educativo y económico de las jóvenes.
Urgen políticas que trasciendan lo asistencial para abordar las raíces culturales y estructurales de esta crisis silenciosa.
Artículo por Redacción Dialektosdigital
