República Dominicana enfrenta una encrucijada histórica que exige replantear el papel de los actores sociales. Recientes declaraciones de la embajadora Leah Francis Campos han confirmado lo que diversos sectores sospechaban: el gobierno de Biden ejerció presión para mantener abierta la frontera con Haití, incluso en momentos de máxima tensión migratoria.
Esta revelación diplomática coincide con un creciente cuestionamiento hacia organizaciones que, bajo el paraguas de financiamiento internacional, han promovido agendas ajenas a los intereses nacionales.
El análisis de fondos recibidos por ONGs locales a través de USAID muestra un patrón preocupante: causas importadas, desconectadas de las prioridades dominicanas y con escasa transparencia sobre sus beneficiarios reales. Expertos consultados coinciden en que la crisis haitiana -cuyo impacto en seguridad nacional es innegable- ha acelerado esta necesaria reflexión.
Lo que está en juego no es la diversidad de pensamiento, sino la autonomía de las instituciones. Una sociedad civil madura debe fiscalizar el poder, no convertirse en instrumento de intereses foráneos. El desafío actual es construir un modelo antifrágil, arraigado en la identidad nacional y libre de condicionamientos externos.
Esta transformación requiere tanto del rigor estatal como de la responsabilidad ciudadana para discernir entre el activismo genuino y las operaciones de lobby disfrazadas de progresismo.
Redacción Dialektosdigital
