La frágil situación del sistema eléctrico dominicano evidencia una crisis multidimensional. Según datos oficiales, el Estado transfiere anualmente $1,800 millones a las empresas distribuidoras (EDE), equivalente al 1. 4% del PIB, solo para evitar colapsos financieros.
Este subsidio récord responde a dos factores clave: el congelamiento tarifario desde 2022 -tras protestas por aumentos acumulados del 30-50%- y el retraso crítico del parque energético de Manzanillo, cuya entrada en operación se postergó hasta 2026. La situación se agrava por pérdidas técnicas que escalaron del 29% al 42% entre 2019-2025, evidenciando graves fallas en medición y cobranza.
Como solución temporal, las EDE recurren al costoso mercado spot, donde contratos como el de Karpowership alcanzan $0. 48/kWh, versus el promedio de venta de $0. 1656/kWh. Expertos advierten que la demora en proyectos estratégicos y la ausencia de reformas profundas perpetúan un sistema insostenible que drena recursos vitales para el desarrollo nacional.
Redacción Dialektosdigital