La regulación del uso de armas por parte de la Policía Nacional en República Dominicana marca un hito necesario en la reforma del cuerpo de seguridad. El proyecto de Ley Orgánica, técnicamente robusto, establece principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, clasifica armamento según letalidad y fija responsabilidades jerárquicas.
Sin embargo, la experiencia demuestra que el desafío no reside en el marco normativo, sino en su aplicación práctica. Históricamente, protocolos bien diseñados se diluyen ante la recurrente justificación de ‘intercambios de disparos’, fórmula ambigua que ha servido para eludir responsabilidades.
La reforma busca equilibrar seguridad jurídica para agentes con control ciudadano, reconociendo la legítima defensa policial cuando actúa conforme a derecho. No obstante, este equilibrio se fractura cuando el uso letal se normaliza como primera respuesta.
Expertos coinciden: el verdadero termómetro del éxito no estará en los registros balísticos, sino en mecanismos independientes que garanticen trazabilidad de cada disparo, evaluación técnica de incidentes y responsabilidad efectiva del mando. La ley será letra viva solo si traspasa el papel y permea la cultura operativa.
Redacción Dialektosdigital