El reciente escándalo del desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que requirió una inyección de 6 mil millones de pesos para mantener operativo el sistema, ha puesto bajo el microscopio las prácticas del Ministerio Público. La disposición de varios imputados a colaborar con las investigaciones ha encendido alarmas en un contexto donde persiste la desconfianza hacia los acuerdos judiciales.
Expertos consultados señalan que el caso revive debates pendientes desde el polémico ‘caso Calamar’, donde las negociaciones generaron percepciones de impunidad. La situación se complica con declaraciones de abogados defensores que, al mencionar que ‘aquí falta gente’, podrían estar manipulando la presunción de inocencia de sus propios clientes.
Más allá del impacto económico, el escándalo afectó directamente a pacientes que recibieron tratamientos innecesarios o vieron interrumpidos servicios vitales. El reto para las autoridades será demostrar que la justicia no es moneda de cambio, sino un derecho fundamental para los 10 millones de dominicanos que dependen del sistema de salud público.
Redacción Dialektosdigital