La expansión de Airbnb en República Dominicana opera en una zona gris regulatoria que plantea serios desafíos legales y urbanísticos. Investigaciones revelan que la plataforma internacional evade sistemáticamente el pago de impuestos locales, mientras transfiere toda responsabilidad a los anfitriones particulares.
Este modelo de negocio ha generado distorsiones significativas: presión alcista en los alquileres residenciales, saturación de zonas turísticas y competencia desleal con establecimientos hoteleros que sí cumplen con todas las regulaciones. Lo más preocupante es la pasividad estatal. Mientras países como Francia, Portugal y varios estados de EE. UU.
han implementado marcos legales específicos para regular los alquileres turísticos cortos, en República Dominicana persiste un vacío jurídico que la empresa aprovecha. Expertos consultados coinciden en que la solución no es prohibir, sino regular: exigir registro de propiedades, aplicar impuestos específicos y establecer límites para preservar el tejido residencial.
El caso dominicano refleja un fenómeno global donde la innovación tecnológica avanza más rápido que la capacidad regulatoria de los Estados.
Redacción Dialektosdigital