A tres años de iniciado su mandato, el gobierno de Luis Abinader enfrenta su prueba de fuego institucional. El caso SENASA ha trascendido lo administrativo para convertirse en un examen de ética pública, donde más de siete millones de dominicanos -dependientes de este sistema de salud- exigen respuestas contundentes.
La decisión presidencial de no interferir en las investigaciones marca un precedente valioso, pero insuficiente. Expertos consultados coinciden: el problema radica en la superposición de roles partidarios y gubernamentales, que debilita los mecanismos de control. Este modelo, aunque legal, ha demostrado ser terreno fértil para conflictos de interés.
La salud pública demanda estándares excepcionales de transparencia. Cada falla en SENASA no es solo un dato contable: es un golpe a la dignidad ciudadana. El momento exige más que gestos aislados; requiere una reingeniería institucional que priorice méritos sobre lealtades y establezca auditorías permanentes.
Abinader tiene ante sí la oportunidad histórica de convertir esta crisis en el catalizador de una administración más profesionalizada. Como señalan analistas políticos, en democracia, corregir no es signo de debilidad, sino de grandeza de Estado.
Redacción Dialektosdigital