El Ministerio de Industria y Comercio de República Dominicana anuncia semanalmente el ‘mantenimiento sin variación’ de los precios de los combustibles, destacando millonarios subsidios estatales. Sin embargo, este esquema funciona como una verdadera caja negra: mientras se presume protección al consumidor, la metodología de cálculo carece de transparencia.
El precio se estructura sobre el Precio de Paridad de Importación (PPI), que incluye cotización internacional, fletes, seguros y tipo de cambio. Sobre esta base se añaden impuestos específicos, gravámenes ad valorem, aportes legales y márgenes regulados.
La opacidad surge en los ajustes: cuando el petróleo sube, el Estado renuncia a recaudación presentándolo como subsidio; cuando baja -como ocurre actualmente-, los precios permanecen congelados sin explicar qué ocurre con el diferencial. Expertos señalan una peligrosa asimetría: los consumidores reciben protección opaca en alzas, pero no beneficio proporcional en bajas.
Esta falta de reglas claras convierte la política de precios en un impuesto implícito sin fiscalización. La solución pasa por implementar: metodología pública de cálculo, desglose detallado por impuesto, reglas simétricas de ajuste, reportes fiscales mensuales y auditorías independientes.
Solo con esta transparencia los dominicanos sabrán realmente cuánto pagan y quiénes se benefician del actual sistema.
Redacción Dialektosdigital