El reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la corrupción sistémica en República Dominicana. Más allá de los detalles particulares del caso, lo que emerge es un patrón recurrente: la dificultad para llamar a las cosas por su nombre y la cultura de la impunidad que protege a los poderosos.
Expertos consultados coinciden en que el problema radica en estructuras clientelistas donde las relaciones personales priman sobre el estado de derecho. Como señaló la socióloga María Pérez, ‘existe una normalización de prácticas corruptas que se perpetúan a través de redes de complicidad’. El caso Senasa, donde se habría desviado dinero destinado a la salud pública, ilustra esta dinámica.
Las respuestas ambiguas de funcionarios como Milagros Ortiz Bosch reflejan lo que algunos analistas denominan ‘el arte de no decir’ – una retórica evasiva característica de la clase política dominicana. Para el economista Juan Rodríguez, ‘la solución requiere más que gestos simbólicos’. Según datos del PNUD, el costo de la corrupción en el país supera el 10% del PIB anual.
Mientras, organizaciones civiles exigen al gobierno de Abinader acciones concretas: investigaciones transparentes, rendición de cuentas y reformas institucionales profundas. El desafío es mayúsculo en un contexto donde, según Transparencia Internacional, el 78% de los dominicanos percibe que la corrupción ha aumentado.
Superar esta crisis demandará no solo voluntad política, sino un cambio cultural que priorice el interés público sobre las lealtades personales.
Redacción Dialektosdigital