El reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) ha puesto en evidencia una realidad incómoda pero incontestable: la corrupción no reconoce estratos sociales. Santiago Hazim, reconocido ortopeda proveniente de una acaudalada familia de San Pedro de Macorís, aparece como presunto cerebro de un sofisticado esquema de desvío de recursos públicos destinados a salud.
Las investigaciones revelan que Hazim, lejos de actuar solo, contrató a experimentados operadores como Giraldez y Jhonny Morales -vinculados a casos como Operación Calamar y Plan Renove- para optimizar el fraude. Lo grave no es solo el monto sustraído, sino el origen de los fondos: préstamos estatales con altos intereses, destinados a mejorar servicios médicos para la población.
Este caso paradigmático expone tres fallas sistémicas: 1) La sofisticación de redes corruptas que incluyen profesionales de élite, 2) El uso recurrente de los mismos operadores en distintos gobiernos, y 3) La vulnerabilidad de instituciones claves como SENASA.
Más allá del culpable individual, el escándalo plantea una pregunta incómoda: ¿Cómo un sistema permisivo permite que esquemas similares se repliquen por décadas? La respuesta podría estar en la histórica impunidad que beneficia a actores con poder político y económico.
Redacción Dialektosdigital