El reciente escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) trasciende el ámbito jurídico para convertirse en un caso paradigmático de corrupción sistémica. Según la fiscalía, el perjuicio supera los 15 mil millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme avance la investigación.
El sistema, diseñado para proteger a los sectores más vulnerables, habría sido vaciado mediante contratos irregulares, sobornos y elusión de controles. La rápida actuación judicial, que incluyó prisión preventiva para siete imputados, contrasta con la aparente inacción de los mecanismos internos de supervisión. Más allá de las cifras, el verdadero costo recae sobre 7.
4 millones de afiliados -trabajadores informales, adultos mayores y población de bajos ingresos- que dependen de esta red de protección. Expertos consultados advierten sobre el efecto dominó: retrasos en pagos a proveedores, desabastecimiento de medicamentos y erosión de la confianza institucional.
El caso plantea urgentes interrogantes sobre los límites de la supervisión estatal y la necesidad de reformas estructurales para blindar los fondos públicos. Mientras tanto, el gobierno enfrenta el desafío de reconstruir la credibilidad de un sistema fundamental para la equidad social.
Redacción Dialektosdigital
