La titular de la entidad, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la entidad para ponerla en conocimiento de una presunta irregularidad denunciada en Coraamon en Monseñor Nouel
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) expresó este martes su preocupación ante la posibilidad de que ciudadanos denunciantes y testigos de presuntos actos de corrupción administrativa enfrenten represalias, por lo que puso hoy la situación en conocimiento de la Procuraduría General de la República.
Según informó la institución en una nota de prensa, su directora, Milagros Ortiz Bosch, realizó una visita a la Procuraduría con el objetivo de alertar sobre el riesgo de acciones administrativas o legales en contra de personas que han colaborado con investigaciones relacionadas con irregularidades en entidades públicas.
La preocupación surge a raíz de una denuncia recibida en agosto de 2025 sobre presuntas irregularidades en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (Coraamon).
La Digeig dijo –en el documento- que tras realizar los levantamientos iniciales determinó que los hechos tenían carácter penal y remitió el expediente al Ministerio Público, específicamente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley 133-11.
La entidad advirtió que los denunciantes y testigos podrían quedar en situación de vulnerabilidad, por lo que consideró necesario informar al órgano responsable de la persecución penal para que se adopten las medidas correspondientes que garanticen su protección y el respeto al debido proceso.
Propuesta normativa
Asimismo, la Digeig informó que trabaja en una propuesta normativa orientada a fortalecer los mecanismos de protección a denunciantes, informantes y testigos, como parte de los esfuerzos institucionales para prevenir represalias y fomentar una cultura de integridad y transparencia en la administración pública.
Ortiz Bosch reiteró el compromiso del Gobierno de respaldar a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a denunciar irregularidades y de colaborar con las autoridades competentes para asegurar que estas acciones no deriven en consecuencias adversas para quienes contribuyen a la lucha contra la corrupción.
