El tribunal ha otorgado oportunidades para la preparación de pruebas, pero busca evitar dilaciones en el avance del caso
En una decisión orientada a garantizar el cumplimiento de un plazo razonable, el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este lunes comenzar la lectura de la acusación contra los implicados en el desplome de la discoteca Jet Set.
Tras rechazar varios pedimentos incidentales formulados por las partes, el magistrado dispuso que el Ministerio Público comenzara de forma formal la presentación de los cargos. El juez enfatizó que, si bien es necesario garantizar el derecho de defensa en igualdad para todas las partes, el tribunal también debe evitar dilaciones indebidas que prolonguen el proceso de manera injustificada.
Detalles y consecuencias del desplome de la discoteca Jet Set
El Ministerio Público presentó un resumen de los hechos que involucran a Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat López como principales acusados en el caso. Según el órgano persecutor, la discoteca, fundada en 1973, operaba como una empresa familiar bajo el control de los imputados a través de entidades comerciales al momento del siniestro.
La tragedia, ocurrida en abril de 2025, dejó 236 víctimas fatales y cientos de personas con lesiones permanentes. Durante la audiencia, el juez Mejía Zorrilla indicó que el tribunal ha otorgado múltiples oportunidades para la preparación de pruebas y que no corresponde postergar más el avance del proceso.
Antes de iniciar la lectura, el magistrado emitió el Auto núm. 057-2026, mediante el cual acogió de forma parcial una solicitud de la defensa para realizar un peritaje técnico independiente. Esta investigación tendrá un plazo de 30 días hábiles para examinar los materiales estructurales y los factores externos que pudieron incidir en el colapso.
El juez aclaró que esta medida es procesal y busca asegurar la igualdad de condiciones entre las partes, sin implicar un prejuzgamiento sobre la culpabilidad de los acusados. «El tribunal tiene que garantizar el derecho de los querellantes y de los imputados, pero tiene que garantizar el plazo razonable«, afirmó durante la sesión.
A casi un año del suceso, el proceso judicial avanza dentro de los cauces institucionales con el objetivo de ofrecer una respuesta a las víctimas y a la sociedad, en respeto al debido proceso y a la memoria de los fallecidos.
