La Ley 10-15 del Código Procesal Penal continúa pendiendo de un hilo, ya que podría pasar el próximo 11 de diciembre a estado de derogada, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) detectara en 2024 algunas inconstitucionalidades en su contenido.
El TC otorgó un plazo de un año al Congreso Nacional para que resolviera los fallos. Si no acata la sentencia TC/076524 en el periodo establecido, la República Dominicana estaría obligada a retroceder en el tiempo al 2002. En esa fecha entró en vigencia el pasado Código Procesal Penal, antes de que fuese reformado en 2015.
Ante la premura que provoca esta situación, el Senado de la República aprobó el pasado 28 de octubre un proyecto de ley que, además de resolver este conflicto constitucional, pretende preparar este marco procedimental para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, programado para el tercer trimestre de 2026.
Sin embargo, la visión en la Cámara de Diputados es distinta. La comisión y subcomisión de Justicia de ese órgano legislativo aseguraron a este medio que prefieren postergar el conocimiento de la iniciativa enviada por el Senado para concentrarse en resolver las inconstitucionalidades registradas en la actual ley.
“El plan es reincorporar todo porque sino volveríamos al año 2002. Luego de que eso esté subsanado y no tengamos el peligro de la inconstitucionalidad, nos sentamos tranquilos a analizar la reforma profunda que vino del Senado”, dijo el diputado Wandy Taveras.
Taveras, presidente de la comisión de Justicia, explicó la pasada semana que el documento legislativo favorecido en la cámara alta requiere de “mucho tiempo” para su análisis. Además, no descartó que los diputados le realicen modificaciones. Es por esta razón que reiteró que priorizarán una propuesta de ley depositada en la cámara baja, para así centrarse únicamente en garantizar la permanencia de la ley procesal penal.
El peligro de regresar al pasado
Taveras advirtió, según consideró, las implicaciones que tendría la derogación de la Ley 10-15, debido a que provocaría graves problemas a los procesos judiciales desarrollados en los tribunales. “Estamos acatando lo que sí es un peligro inminente para el sistema procesal del (país), que es la entrada en vigencia de inconstitucionalidad. Si eso sucede, puede crear graves problemas a los procesos judiciales que están en curso”, dijo el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué piensan en el Senado?
El congresista Omar Fernández, uno de los autores del proyecto tramitado por el Senado, reaccionó a la posición planteada por el diputado Batista, indicando ser consciente de que el Poder Legislativo está a contrarreloj. No obstante, dijo considerar que el “camino correcto” en la Cámara de Diputados sería aprobar la pieza enviada por los senadores.
“Pienso que lo que salió del Senado fue muy discutido, muy consensuado y que aún tienen ellos tiempo para leerlo y entender lo que hemos aprobado acá”, dijo Fernández la pasada semana.
“Sin tiempo para leerlo”
El presidente de los diputados, Alfredo Pacheco, reveló este miércoles que están evaluando los mecanismos posibles antes del plazo dictado por el TC, pero aseguró que no cuentan con el tiempo suficiente para discutir la iniciativa proveniente del Senado.
“No descarto ninguna forma y en las reuniones que estamos haciendo nosotros vamos a establecer un mecanismo y una ruta a seguir”, resaltó durante una rueda de prensa realizada en su despacho. Aunque fue el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien reveló a los medios de comunicación que la fecha es el 11 de diciembre, Pacheco aseveró a los reporteros desconocer la fecha tope, informando que están consultando ante el TC.
Mientras tanto, Pacheco utilizó su intervención para ofrecerle la garantía a la sociedad de que los órganos legislativos tomarán “las mejores de las decisiones”. “Tenemos que tomar acciones, sin ser arbitrarios, porque sabemos que somos parte de un concierto de voluntades. Vamos a ver qué salidas podemos encontrar en caso de que no logremos un consenso”, concluyó diciendo Pacheco.
