La reciente autorización del gobierno dominicano para el uso temporal de espacios en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto de las Américas por parte de EE. UU. ha generado un debate polarizado.
Sin embargo, documentos históricos revelan que esta cooperación antinarcóticos se remonta al Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995 por Joaquín Balaguer y Bill Clinton, ratificado posteriormente en 2003 y 2006 por el Senado dominicano. El análisis jurídico confirma que estos acuerdos, vigentes por casi tres décadas, no vulneran la soberanía nacional.
Más aún, representan una política de Estado mantenida por sucesivos gobiernos, incluyendo los de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. El presidente Abinader ha enfatizado que esta colaboración responde a intereses estratégicos compartidos, particularmente en el combate al narcotráfico, flagelo que afecta directamente la seguridad nacional.
Expertos en relaciones internacionales señalan que este tipo de cooperación técnica es común entre naciones aliadas y se enmarca en los protocolos de asistencia mutua contra el crimen transnacional.
Artículo original publicado en Hoy Digital por Julio Alberto Martínez Ruíz