La República Dominicana enfrenta una crisis institucional que pone a prueba los cimientos de su democracia. En apenas catorce días, se sucedieron eventos preocupantes: primero, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 122-25, que debió generar debate jurídico pero se trivializó en redes sociales.
Luego, altos mandos militares -incluyendo al director de la Policía y al ministro de Defensa- declararon públicamente su desacato al fallo, ante la pasividad del presidente Abinader y la ministra Faride Rafúl. Paralelamente, el gobierno anunció la visita del secretario de Defensa estadounidense y un acuerdo bilateral que incluye uso de instalaciones estratégicas, sin consulta al Congreso ni al TC.
Analistas consultados coinciden en que estos hechos configuran un cuadro alarmante: erosión de la separación de poderes, militarización de la política exterior y debilitamiento del Estado de Derecho. El silencio de actores clave ante estos eventos marca un peligroso precedente para la frágil democracia dominicana.
Artículo por Redacción Dialektosdigital por Ramón Stalin Montero Santiago