El debate sobre los controles al gasoil subsidiado parte de una premisa equivocada: pretender fiscalizar rigurosamente un sistema cuya naturaleza es la discrecionalidad. La realidad evidencia un esquema anacrónico que distribuye millones de galones anuales sin trazabilidad, sin criterios económicos sólidos y con un costo fiscal que supera los miles de millones solo en el sector transporte.
Datos oficiales revelan asignaciones desproporcionadas a beneficiarios históricos, sin contraprestación clara. Lo que comenzó como medida social se transformó en renta permanente para grupos específicos. Expertos coinciden: añadir capas de supervisión a este sistema es inútil. La solución radica en desmontar progresivamente el esquema actual y reemplazarlo por políticas transparentes y focalizadas.
El desafío no es técnico, sino político: terminar con privilegios enquistados que contradicen los discursos de austeridad y equidad. Mientras persista esta estructura, cualquier intento de control será cosmético ante un problema de diseño institucional.
Redacción Dialektosdigital