La democracia moderna enfrenta una paradoja insoslayable: numerosos países cumplen los rituales formales —elecciones periódicas, marcos legales, procesos presupuestarios— pero fracasan en lo esencial: hacer que los ciudadanos perciban al Estado como aliado. Este fenómeno trasciende lo técnico; revela una fractura profunda entre el poder institucional y la experiencia cotidiana de los derechos.
El Nobel Amartya Sen planteó que el desarrollo verdadero se mide por la expansión de capacidades humanas para vivir con dignidad, tesis que Martha Nussbaum amplió al definir umbrales mínimos irrenunciables. Cuando estos se erosionan, los derechos devienen abstracciones. Luigi Ferrajoli advierte que el Estado democrático exige sometimiento a reglas, incluso ante urgencias de orden o eficiencia.
Hannah Arendt complementa: el peligro no yace solo en la tiranía explícita, sino en la burocracia irreflexiva que prioriza procedimientos sobre personas. Jürgen Habermas añade una dimensión crítica: la legitimidad emana del diálogo público, no solo del voto o la gestión técnica.
Peter Drucker y los economistas institucionales North y Weingast demuestran que sin gestión efectiva y reglas creíbles, incluso las mejores intenciones se diluyen. En el contexto actual, donde Bauman diagnostica sociedades del miedo y Byung-Chul Han alerta sobre el colapso del diálogo, el desafío es integrar autoridad eficaz con escucha activa.
La democracia del siglo XXI exige instituciones que traduzcan derechos en experiencias tangibles, combinando capacidad de decisión con rendición de cuentas permanente. Solo así superará su crisis de credibilidad.
Redacción Dialektosdigital