Las recientes manifestaciones frente al Palacio de Justicia por el caso Senasa han abierto un debate crucial sobre los límites de la protesta social. Mientras el derecho a manifestarse es fundamental en cualquier democracia, resulta preocupante cuando las movilizaciones buscan presionar decisiones judiciales específicas.
El autor argumenta que estas acciones equivalen a un chantaje institucional que amenaza la separación de poderes, principio básico del estado de derecho. La independencia judicial no puede depender del humor social ni de las tendencias en redes sociales. Durante años se exigió una justicia autónoma; ahora, cuando sus decisiones incomodan, algunos pretenden someterla al vaivén de la opinión pública.
El análisis advierte sobre el peligro de convertir los tribunales en escenarios de espectáculo público, donde las sentencias se corean antes de dictarse. La democracia exige respetar los procedimientos, incluso cuando sus resultados no coincidan con las expectativas populares.
El artículo concluye con una reflexión sobre cómo este tipo de presiones pueden derivar en un populismo penal que sustituya el debido proceso por justicia instantánea.
Redacción Dialektosdigital