En un esfuerzo por canalizar los beneficios económicos hacia las comunidades fronterizas, el Congreso dominicano debate una iniciativa legislativa que restringiría la actividad comercial en los mercados limítrofes con Haití exclusivamente a residentes locales.
La propuesta, impulsada por el diputado Rafael Pérez Gómez, modifica la Ley 216-11 para establecer controles más estrictos sobre la procedencia de los comerciantes. Según el proyecto, las licencias comerciales serán otorgadas únicamente por las alcaldías locales y la Dirección General de Migración, con vigencia anual y renovación sujeta a comprobación de residencia en la provincia fronteriza.
El texto legislativo contempla excepciones mediante permisos especiales emitidos por el Ministerio de Industria y Comercio, pero bajo estrictos cupos y regulaciones. Para garantizar el cumplimiento, se implementará un sistema de verificación electrónica a cargo de la DGII, junto con inspecciones periódicas coordinadas entre múltiples instituciones.
Las sanciones por incumplimiento incluyen multas equivalentes a tres salarios mínimos y prohibición de operar por dos años. La norma concede un período de gracia de 90 días para la adecuación de comerciantes no residentes actualmente establecidos.
El proyecto, ya analizado por la comisión de Asuntos Fronterizos, fue postergado en primera lectura para profundizar su estudio ante reservas de algunos legisladores.
Redacción Dialektosdigital