Milton Morrison, director de la entidad, propone dar a las alcaldías más poder y recursos para controlar el tránsito
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, planteó la necesidad de que las alcaldías tengan un papel más activo en la gestión del tránsito, incluyendo la colocación de multas y el uso de policías municipales para apoyar la fiscalización en las calles.
El funcionario explicó que la gestión del tránsito no puede recaer únicamente en las autoridades nacionales, sino que debe contar con la participación directa de los gobiernos locales.
En ese sentido, consideró que las autoridades municipales están en una posición clave para contribuir con el ordenamiento del tránsito dentro de sus territorios.
Morrison señaló que los municipios cuentan con cuerpos de policía municipal que podrían recibir capacitación y orientación para colaborar en tareas de fiscalización, como evitar el estacionamiento indebido, controlar el desorden en las paradas de transporte y prevenir infracciones que afectan la movilidad urbana.
Destacó que, para que las alcaldías puedan asumir ese rol de manera efectiva, es necesario revisar la distribución de los recursos provenientes de las multas de tránsito. La Ley 176-07 establece, en su artículo 120, la autoridad de las alcaldías para imponer multas de tránsito en sus territorios.
Actualmente, la mayor parte de esos fondos se destinan a otras instituciones, por lo que propuso una distribución más equilibrada que les permita disponer de recursos para invertir en señalización, semaforización y control del tránsito.
Distribucion de recursos por multas
Explicó que, en la actualidad, el 75 % de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito van a parar a la Procuraduría General de la República y el restante 25 % al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Morrison plantea que, para que las alcaldías tengan un papel más importante en el tema del tránsito, se modifique la Ley 63-17 y se distribuya el cobro de las multas de la siguiente manera: 25 % para la Procuraduría, igual cantidad para el Intrant, 25 % para las alcaldías y el restante 25 % para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
