El presidente Luis Abinader declaró este viernes la emergencia nacional para compras y contrataciones públicas, con el propósito de atender los graves daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa, que afectó de forma severa el Distrito Nacional y 14 provincias del país.
La medida, contenida en el Decreto número 627-25, autoriza a más de 20 instituciones del Estado a utilizar el procedimiento de excepción por emergencia nacional, contemplado en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, para adquirir bienes, servicios y obras de forma más rápida.
El objetivo: reparar, reconstruir y restablecer infraestructuras críticas, servicios esenciales y viviendas afectadas por el fenómeno atmosférico.
Entre las entidades autorizadas figuran los ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura, Obras Públicas, Vivienda, Turismo, Interior y Policía, así como el Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese-Cal, Inapa, Indrhi, Caasd, Propeep, las tres empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), así como la Defensa Civil, entre otras.
El decreto establece que la declaratoria tendrá una duración de 30 días a partir de su emisión.
¿Qué implica realmente esta declaratoria de emergencia nacional?
De acuerdo con la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, el «procedimiento de excepción por emergencia nacional» es un mecanismo extraordinario que permite al Gobierno agilizar los procesos de adquisición cuando una situación de fuerza mayor, como un desastre natural o crisis sanitaria, pone en riesgo vidas humanas, el interés público o la economía nacional.
Para aplicarlo, el Poder Ejecutivo debe emitir un decreto en el que se delimiten las instituciones autorizadas, los bienes o servicios que pueden contratarse, el ámbito territorial y el plazo de vigencia de la medida.
