Un examen detallado del documento de solicitud de medidas coercitivas en el caso Senasa demuestra que los fiscales reunieron evidencia sólida: testimonios clave, documentación bancaria y rastreo de fondos. Con estos elementos, podrían haber presentado una acusación inmediata, delimitando cargos y solicitando condenas.
Sin embargo, optaron por prolongar el proceso mediante prisión preventiva y anuncios espectaculares de nuevas fases investigativas. Esta estrategia, que algunos califican de ‘populismo penal’, genera preocupación entre juristas. El riesgo es claro: al agigantar el caso con múltiples imputados y pruebas, se dificulta ajustarse a plazos procesales.
La sociedad podría perder interés en un proceso lento, mientras los tiempos perentorios avanzan. Peor aún, ciertas debilidades probatorias -comunes en casos mediáticos- podrían llevar a absoluciones. La Procuraduría intentó sortear estos plazos mediante reformas legales ambiguas, pero la jurisprudencia constitucional es clara: no se puede mantener indefinidamente un proceso.
Políticamente, la dilación también resulta contraproducente, pues extiende el desgaste gubernamental. El camino elegido parece alejarse del objetivo social: un juicio expedito con sanciones ejemplares en plazos razonables.
Redacción Dialektosdigital